La industria de la construcción en México enfrenta una encrucijada crítica entre el crecimiento urbano y la sostenibilidad medioambiental.
Con una generación anual que supera los 50 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos —de los cuales solo el 5% recibe un tratamiento adecuado— y más de 10 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición (RCD), el modelo lineal tradicional de “extraer, usar y tirar” resulta insostenible.
En este contexto, la implementación de la Ley General de Economía Circular marca un parteaguas normativo que transforma la gestión de residuos, pasándolos de ser pasivos ambientales a activos dentro del balance de las empresas.
Óscar Rivas, director de Geocycle México —la filial de valorización de residuos de Holcim—, destaca que esta nueva legislación subsana vacíos clave en la cadena de valor al impulsar la responsabilidad extendida del productor y crear certeza para la inversión en infraestructura.
Históricamente, uno de los mayores obstáculos para la circularidad ha sido el costo logístico de trasladar los desechos desde su punto de generación hasta las plantas de tratamiento. Al formalizar la trazabilidad y desincentivar el depósito en tiraderos clandestinos o escombreras que contaminan visual y ambientalmente los cuerpos de agua, la ley viabiliza economías de escala y asegura los volúmenes necesarios para justificar inversiones operativas de gran envergadura.
