En el desarrollo de proyectos inmobiliarios, uno de los errores más frecuentes —y costosos— consiste en subestimar la relevancia del uso de suelo.
Esto puede derivar en contingencias legales, económicas e incluso en la imposibilidad de explotar un inmueble conforme a lo planeado.
Desde la perspectiva notarial es fundamental entender que la escritura pública no solo documenta la transmisión o constitución de derechos reales, sino que también debe reflejar con precisión la situación jurídica y administrativa del inmueble. En este contexto, el uso de suelo se convierte en un elemento clave para la seguridad jurídica de cualquier operación.
En términos coloquiales, el uso de suelo es la autorización administrativa que determina las actividades permitidas en un inmueble. Este se encuentra regulado principalmente por los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, los cuales establecen zonificaciones específicas. Así, un predio puede estar destinado a uso habitacional, comercial, mixto, industrial, entre otros, con diversas intensidades y restricciones.
Uno de los principales riesgos en proyectos inmobiliarios surge cuando el uso de suelo no es compatible con el destino que el desarrollador pretende dar al inmueble. Es común encontrar casos en los que se adquiere un predio para construir departamentos, locales comerciales u oficinas, sin haber verificado previamente si el uso de suelo lo permite. En estos supuestos, el proyecto puede verse limitado o incluso inviable desde el punto de vista administrativo.
