La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado representa un paso positivo en el fortalecimiento democrático y la seguridad pública del país.
Sin embargo, también es indispensable vigilar y evitar que autoridades ya en funciones establezcan alianzas o pactos con estructuras delictivas una vez que llegan al poder, consideró la Dra. Carolina Jasso González, consultora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
La especialista explicó que limitar el acceso de perfiles presuntamente ligados a grupos criminales a cargos de elección popular atiende una preocupación legítima sobre la infiltración del crimen en la política mexicana. No obstante, señaló que el fenómeno es más complejo y no se reduce únicamente al momento electoral.
De acuerdo con Jasso González, las organizaciones criminales también operan mediante procesos de captura institucional que pueden desarrollarse durante el ejercicio del gobierno, aprovechando las debilidades estructurales de muchos municipios del país, especialmente en materia de supervisión, control interno y capacidades institucionales.
En ese sentido, advirtió que el riesgo no desaparece automáticamente cuando una candidatura supera filtros de revisión, pues las presiones, amenazas, redes de corrupción y acuerdos ilegales pueden consolidarse posteriormente desde el poder público.
La académica sostuvo que uno de los principales retos consiste en fortalecer mecanismos permanentes de vigilancia institucional, transparencia y rendición de cuentas, particularmente a nivel local, donde el crimen organizado suele disputar el control territorial y político de manera más directa.
