El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha reportado de manera oficial cuántos casos de COVID se han registrado en sus centros de detención desde que inició la pandemia.
Baja California, la Ciudad de México y Tamaulipas suman más del 50% de los 46 casos confirmados de COVID-19 en la población migrante que han sido identificados hasta la fecha, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud.
En lo que va de la pandemia, el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha reportado de manera oficial cuántos casos de COVID se han registrado en sus centros de detención. Incluso, en foros públicos negó la existencia de contagios aún cuando estos ya se estaban produciendo.
La Secretaría de Salud apenas ha hecho 78 pruebas PCR a personas migrantes que están detenidas en estaciones y en centros provisionales repartido por todo el país.
Pues bien, de esas 78 pruebas, 52 fueron positivas; casi el 70%.
Mientras que solo 9 fueron negativas y 17 resultaron no concluyentes.
Asimismo, se han registrado tres defunciones, en personas cuyos países de origen son: Chile, El Salvador y Grecia. Todos corresponden a hombres cuyas edades oscilaban los 46, 58 y 60 años. Solamente uno de ellos tenía como antecedente de riesgo, diabetes.
México es uno de los países del mundo con una positividad más alta, de más del 40%, cuando la OMS recomienda una tasa del 5%.
Estas cifras se explican por las pocas pruebas realizadas y la política de centrarse exclusivamente en las personas con síntomas.
Además de la Secretaría de Salud, otros organismos internacionales y de la sociedad civil han alertado del riesgo que tiene la población migrante de enfermar de COVID-19, sobre todo porque se encuentra en situaciones vulnerables.
Para poner en dimensión la escasez de test practicados al interior de los centros de detención: entre abril y septiembre, según la Unidad de Política Migratoria, fueron detenidas 40 mil 362 personas extranjeras y deportadas 16 mil 365. De estos últimos, todos pasaron por un arresto y una reclusión al interior de la estación migratoria.
Sin embargo, Salud solo realizó 78 pruebas, de las que la mayoría resultaron positivas. Es decir, que miles de personas foráneas, en su mayoría centroamericanas, fueron devueltas a sus países sin saber si eran positivos o no.
Organismos como OXFAM, The Bridge, KIND, Amnistía Internacional, IMUMI, entre otros, denunciaron que las prácticas de deportación y expulsión de Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 exponen, sin precauciones, a toda la región a un mayor riesgo de contagio de coronavirus.
En un comunicado plantearon que tras la declaración de la pandemia, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas como suspender el proceso de asilo, pausar la mayoría de los casos ante las cortes migratorias y emitir restricciones de viaje amplias, al mismo tiempo sigue llevando a cabo miles de deportaciones.
Además se confirmó que más de 100 personas deportadas dieron positivo en pruebas de coronavirus, muchas veces después de haber sido detenidas en condiciones inseguras en centros de ese país, sin acceso adecuado a pruebas ni a atención médica.
Por ello han pedido al gobierno estadounidense adoptar de manera inmediata una suspensión temporal de todas las deportaciones debido al COVID-19 y detener las expulsiones ilegales de personas que buscan seguridad en la frontera.