La sobrepoblación en las cárceles de México se ha agravado.
En este año, y pese a la pandemia, el número de presos se incrementó considerablemente, pues actualmente hay 13 mil 840 internos.
Es decir, más del 40% de los penales ya registran condiciones de hacinamiento.
De acuerdo con especialistas, esta situación no es resultado de un mayor número de sentencias condenatorias sino del creciente encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia.
Datos alarmantes revelan que incluso países como Irán, Afganistán o Turquía redujeron su población penitenciaria hasta un 30%, pero en México ha pasado lo contrario.
Además, se han reducido los presupuestos para las cárceles y si ya antes había problemas ahora se ha exacerbado”, señala la antropóloga e investigadora experta en sistema penitenciario, Elena Azaola.
El incremento se concentra, de acuerdo con la estadística oficial, en la población detenida por delitos del fuero común (robos, extorsiones, homicidios, etcétera), por lo que las cárceles locales registran los mayores incrementos. Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León presentan, en términos absolutos, el mayor crecimiento en ingresos a sus reclusorios.
FALLAS EN EL SISTEMA
Datos oficiales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) confirman que mientras en diciembre de 2019 el 37% de todos los internos eran personas en prisión preventiva, para octubre de 2020 el porcentaje ya ascendía a 42%. En total 90 mil personas sin condena.
El incremento de delitos de prisión preventiva automática impulsado por el actual gobierno federal es una de las razones detrás de esta alza,señala Alejandro Jiménez Padilla, abogado penalista y coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana.
A ello se suma el abandono de las unidades responsables de diseñar medidas alternas a la prisión y, sobretodo, la predilección de las fiscalías por encarcelar a personas para crear la apariencia de que se hace justicia efectiva.
Es un encarcelamiento de personas legalmente inocentes, dice Jiménez, que en muchos casos es tolerado y celebrado por la misma sociedad.
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