Con un total de 100 votos, de los cuales 70 fueron a favor, 26 en contra y 4 abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen con Proyecto de Reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, con lo que se avala el traspaso de funciones referentes a puertos, marina mercante y educación náutica, de las secretarías de Comunicaciones y Marina.
Pese a la oposición de diferentes organismos gremiales y sindicales de la marina mercante, especialistas, académicos, abogados, politólogos y legisladores en ambas cámaras, el pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen con 50 reservas.
Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza señaló que “es un error pensar que las Fuerzas Armadas son incorruptibles. El caso del general Cienfuegos y otros muestran lo contrario. Militarizar la Marina Mercante, es como militarizar una escuela pública. Voto en contra con la convicción de que esta medida es errónea y nos afectará gravemente”.
Sin embargo, el senador Eruviel Ávila Villegas sostuvo que esta medida no se trata de una militarización de los puertos y la mariana mercante, sino un traspaso de funciones administrativas que amplía facultades a la Semar en dicha área.
Por su parte, el senador Damián Zepedaenfatizó que en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador “prometió desmilitarizar México. Hoy no solo no cumplió, sino que les otorga más funciones civiles: seguridad, hospitales, aeropuertos y ahora los puertos. México avanza peligrosamente a un Estado Militar. Cada quien a sus funciones”, dijo.
Durante la discusión, la senadora Patricia Mercado presentó razones por las cuales votó en contra de la reforma, al afirmar que “estamos con la lucha contra la corrupción, pero no con darle a las fuerzas armadas actividades del servicio público civil”, a lo que se sumó el senador Dante Delgado al detallar que “en Movimiento Ciudadano tenemos un profundo respeto por el Ejército mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada de México y, precisamente por ello, es que no coincidimos con la visión del Ejecutivo federal de asignarle cada vez más responsabilidades y atribuciones de manera indebida”.
“El planteamiento de la militarización de los puertos y de los procesos en torno a la marina mercante carece de un diagnóstico serio y elemental. Si la autoridad militar será también la empresa marítima nacional, ¿cómo se garantizarán mecanismos de rendición de cuentas? No podemos acompañar una reforma que pretende profundizar la militarización del país porque tiene consecuencias económicas, de 150 países democráticos en el mundo que tienen administraciones portuarias, solo en 3 la marina mercante está encomendada a autoridades militares”, comentó Delgado.
