Decreto restituye tierra y agua al pueblo yaqui

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó ayer los decretos con los que el Gobierno de México restituye tierra, territorio y agua a la tribu yaqui, firmados el pasado martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el acto de petición de perdón al pueblo yaqui por agravios cometidos en el pasado, realizado en Vícam Pueblo, primera cabecera de la tribu yaqui, en Sonora.

El decreto por el que se entregan a favor del pueblo yaqui 2,943-73-89.23 hectáreas, ubicadas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Empalme y San Ignacio Río Muerto, estado de Sonora, devuelve el patrimonio territorial a título colectivo.

De acuerdo a la Sedatu, con esta recuperación, los ocho pueblos yaquis fortalecerán su unión, cultura e identidad; además podrán hacer uso de tierras para siembra y pastoreo, y honrarán a sus antepasados que dieron la vida en la lucha por recobrar lo que les fue arrebatado.

Asimismo, mediante el decreto por el que se establece el Distrito de Riego 018 del pueblo yaqui, integrado por las comunidades de Vícam Pueblo, Primera Cabecera, Pótam, Segunda Cabecera, Tórim, Rahum, Huírivis, Belem, Loma de Bácum y Cócorit-Loma de Guamúchil, se garantiza el derecho al agua para uso agrícola de la tribu, en una superficie total de 126 mil 259 hectáreas, ubicadas en la margen derecha e izquierda del río Yaqui, con capacidad potencial de 673 millones de metros cúbicos, que permitirán regar una superficie de hasta 61 mil 223 hectáreas de cultivos, conforme los estudios técnicos correspondientes y que se irán incorporando de manera progresiva.

El Distrito de Riego 018 será administrado por el propio pueblo a través de la Comisión Jiaki del Agua, cuya integración y funcionamiento será acorde a su cultura, formas de organización e instituciones comunitarias, con lo que se fortalecerá su autonomía y se garantizará el manejo sustentable de su territorio y recursos naturales.

Finalmente, el pueblo yaqui ejercerá sus derechos al territorio y al agua, reconocidos por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, mediante el acuerdo de 1937 y la resolución de 1940.

Estas acciones forman parte del reconocimiento del gobierno federal a los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo a su autonomía y libre determinación, así como sobre sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales.