Al primer trimestre de 2026, el país contaba con 4,802 electrolineras para atender un parque de 235,501 vehículos eléctricos, lo que equivale a una estación por cada 49 unidades, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Electro Movilidad Asociación (EMA).
Aunque esta proporción es competitiva frente a mercados más maduros, especialistas coinciden en que el desafío dejó de ser únicamente instalar más cargadores y ahora consiste en desplegarlos donde realmente se necesitan para garantizar recorridos urbanos y carreteros sin interrupciones.
Para Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global e impulsora de la Alianza por la Movilidad Sostenible para Todos, el riesgo es que el crecimiento de la infraestructura replique las desigualdades territoriales del país.
«El riesgo de fondo es construir una transición de dos velocidades que reproduce las desigualdades que ya conocemos. Si la infraestructura se instala donde ya hay poder adquisitivo, la electromovilidad se vuelve un bien de las zonas urbanas de alto poder adquisitivo y profundiza la pobreza energética en lugar de corregirla», advierte Studer.
Fuente: esg.expansion.mx
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