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Frenan ayuda a arrendatarios

Miles de comercios que dependían de un espacio dentro de los centros comerciales sufrieron un duro impacto económico durante la emergencia sanitaria, luego de que las principales empresas desarrolladoras y operadoras del país articularan un pacto ilegal para congelar apoyos financieros.

Como publicó Excélsior, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) destapó este esquema y determinó que las prácticas anticompetitivas cometidas por los gigantes del sector “provocaron daños estimados por 404 millones de pesos”, castigando directamente la viabilidad operativa de pequeños y medianos establecimientos en plena crisis del covid-19.

El organismo regulador comprobó que grandes cadenas y grupos inmobiliarios –entre los que figuran El Puerto de Liverpool, Grupo GICSA, Administradora Fibra Danhos, Grupo Comercial Chedraui, Acosta Verde, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles y Grupo Aryba– montaron un frente común para frenar la ayuda a sus arrendatarios.

Las investigaciones de la autoridad demostraron que las compañías implicadas “establecieron mecanismos de coordinación respecto al pago de rentas de locales comerciales cuando miles de negocios enfrentaban cierres temporales y restricciones de operación derivadas de la emergencia sanitaria”.

A través de esta colusión, las empresas coordinaron topes a los alivios financieros que solicitaron los locatarios para evitar la quiebra.

La investigación reveló detalladamente la severidad con la que actuó el cártel inmobiliario, precisando que los participantes “acordaron límites a los descuentos que podían ofrecer a los arrendatarios e incluso, en algunos casos, evitaron otorgar reducciones en los pagos de renta”.

Frente al argumento defensivo de la contingencia, la CNA fue contundente al señalar que el estado de emergencia no concedía un cheque en blanco para vulnerar la ley. El ente fiscalizador enfatizó en su resolución que “aun durante la pandemia, las disposiciones en materia de competencia económica permanecieron vigentes, por lo que cada empresa debía definir de manera independiente las condiciones comerciales ofrecidas a sus clientes”.

Fuente: Excélsior

EDITORIAL

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