El lunes 23 de noviembre, la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México comenzó la aplicación del “Sistema de identificación de contagios en espacios cerrados”. Esta estrategia de “rastreo de presencia” consiste en la identificación de posibles contagios a partir de la ubicación conocida de casos positivos confirmados.
Al entrar a un recinto como un museo, un cine o una tienda departamental, las personas usan su celular para escanear de forma voluntaria un código QR que guardará, en una base de datos encriptada, su número de teléfono, la ubicación y la hora del registro. Así, si una persona tiene un diagnóstico positivo, el sistema centralizado notifica a todos los demás números de teléfono con los que compartió uno o más espacios en el mismo periodo de tiempo y les recomienda confinarse para no contagiar a más personas.
La estrategia es el esfuerzo más reciente por controlar el crecimiento de la epidemia de Covid-19 en la Ciudad de México. Hasta el miércoles 25 de noviembre, el porcentaje de ocupación hospitalaria en la capital era del 51 por ciento (19 hospitales de la capital reportaron saturación de 81 por ciento).
Es decir, las cifras están dentro del criterio de ocupación hospitalaria para que la ciudad califique como semáforo rojo. En el mes de noviembre, ese indicador incrementó 10 puntos. No hay razones para pensar que se detendrá.
A nivel nacional, la conferencia Covid del martes 24 reveló una cifra récord de contagios diarios, 10 mil 794. De acuerdo con el la Dirección General de Epidemiología, la Ciudad de México concentra el 18 por ciento de los casos de covid acumulados a nivel nacional y, con 17 mil 41 decesos, el 16.5 por ciento de las muertes.
Aun con estas cifras, los gobiernos federal y capitalino han pasado tres semanas negociando el paso a semáforo rojo. Este “retroceso” en la estrategia de atención limitaría la movilidad al suspender por completo, y no sólo un porcentaje de su aforo, actividades no esenciales como cines, gimnasios, casinos, estéticas y tiendas departamentales.
Por supuesto, el cierre de establecimientos tendría un impacto económico grave para los capitalinos que no pueden darse el lujo de quedarse en casa. Sobre ese punto, el medio Vox destaca el caso de Vermont, en Estados Unidos, y argumenta lo que ha surgido como una de las únicas verdades absolutas de la pandemia, las medidas de salud pública deben adaptarse para atender a las poblaciones vulnerables.
El estado norteamericano implementó una política de apoyos diseñada específicamente para atender a las personas en situación de calle y a los que trabajan en la industria de los “servicios esenciales” como supermercados, entrega de alimentos y abarrotes. Las medidas incluyen concesiones públicas con moteles para hospedar a personas en situación de calle, compensaciones económicas para población de riesgo y desempleados, reparto gratuito de alimentos y la aplicación de pruebas gratuitas en comunidades con alto índice de contagio.
De alguna u otra forma, el gobierno de la CDMX sí ha aplicado este tipo de medidas, sin embargo, la implementación no ha sido constante a lo largo de los meses de la crisis sanitaria. El apoyo económico de marzo es inútil en abril.
La única estrategia que el gobierno capitalino ha podido implementar de forma efectiva es el programa de quioscos de asesoría médica en las colonias de atención prioritaria. Este plan fue reforzado el 15 de noviembre para aplicar pruebas rápidas de detección a cualquier persona que las necesite.
Los quioscos, junto con el programa de códigos QR pretenden detectar casos y frenar la cadena de contagios, pero no es posible hacerlo si las personas siguen circulando con normalidad.
No toda la responsabilidad recae en el gobierno, es un trabajo conjunto. De acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la mayor parte de los contagios por Covid-19 son responsabilidad de transmisores asintomáticos, mismos que suelen ser personas jóvenes y sanas. Es el mismo grupo poblacional que, desde que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia en mayo, ha seguido saliendo, yendo a restaurantes, bares y reuniones con la seguridad de que está a salvo, pero sin la conciencia de que es factor de riesgo para la población vulnerable.
Tan sólo este mes, la Ciudad de México y el país registraron un incremento con respecto del año pasado en el gasto comercial durante el Buen Fin. Esto revela una serie de cosas, el gobierno federal y el capitalino privilegiaron la atención de la crisis económica sobre la sanitaria, no con medios públicos y apoyos, sino con circulación comercial. Los habitantes de la capital están dispuestos a salir a la calle y a los establecimientos con normalidad casi total.
